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Jornada sobre la nueva Ley de Suelo estatal

El pasado martes 19 de junio, la Asociación de Promotores celebró una interesante jornada para analizar las novedades que presenta la nueva legislación reguladora del suelo que el gobierno de la nación empezará a aplicar a partir del 1 de julio del presente año, fecha en que tiene prevista su entrada en vigor la norma.

Fecha: 6/6/2007 · Fuente: Comunicación Global

El pasado martes 19 de junio, la Asociación de Promotores celebró una interesante jornada para analizar las novedades que presenta la nueva legislación reguladora del suelo que el gobierno de la nación empezará a aplicar a partir del 1 de julio del presente año, fecha en que tiene prevista su entrada en vigor la norma.

La nueva ley ha supuesto el fin al régimen de liberalización del suelo que establecieran la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, y la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta nueva regulación establece un modelo urbanístico presidido por el principio de mayor intervencionismo público, lo que ha producido una gran intranquilidad en el sector inmobiliario por las repercusiones que su entrada en vigor puede ocasionar.

Por parte de Mariano Ayuso, Socio de Cuatrecasas y especialista en derecho urbanístico, se analizaron los importantes cambios que plantea la nueva ley, como por ejemplo la sustancial variación de las reglas del juego en materia de valoración del suelo, ya que la nueva norma no solo elimina las llamadas expectativas urbanísticas, sino que prohíbe valorar el aprovechamiento reconocido por el planeamiento. En este sentido, se produce una nueva clasificación del Suelo en rural y urbano a efectos de valoraciones.

Las reservas de suelo para vivienda protegida aumenta a un 30%, frente al 10% que establece la legislación regional. Asimismo, las cesiones de aprovechamiento al Ayuntamiento también aumentarán, al fijarse estas en una horquilla que oscila entre el 5% y el 15%, pudiendo elevarse hasta un excepcional 20%. Por lo tanto, a partir de ahora, toda operación urbanística deberá acometerse con cautela y un riguroso análisis, teniendo en cuenta los sobrecostos adicionales que plantea la nueva ley.

Posteriormente se abrió un debate en una mesa redonda, donde estuvieron presentes D. Manuel Alfonso Guerrero, Director General de Vivienda; D. Vicente Blasco, Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca; D. Alberto Guerra, Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia y D. José López Rejas, Presidente de la Asociación de Promotores de Murcia.

Todos los participantes coincidieron en afirmar que la norma no producirá los pretendidos efectos de abaratamiento del precio del suelo y de la vivienda, ya que al aumentar los porcentajes de cesión de aprovechamiento y las reservas de suelo para vivienda protegida, indudablemente, ello provocará un aumento de los costes del suelo que se trasladarán al producto final.

Asimismo, por parte del Presidente de la Asociación de Promotores se puso de manifiesto la necesidad de aumentar el porcentaje de viviendas protegidas, pero negó que el camino para lograr ese objetivo sea el de la obligación, y sí el del estímulo, afirmando que el hecho de reservar un 30% de suelo para vivienda protegida no quiere decir que se vayan a construir esas viviendas, toda vez que nuestra región tan sólo tiene asignadas por el Ministerio de Vivienda unas 2.000 actuaciones de vivienda protegida anuales.

Muchas dudas generó la disposición transitoria primera, referida a la entrada en vigor de la reserva obligatoria del 30% para vivienda protegida, debido a la ambigüedad de la norma y falta de concreción de sus términos.

Como conclusión final, todos los intervinientes pusieron de manifiesto la inoportunidad de la ley, por la gran inseguridad jurídica que genera en los operadores urbanísticos, al estar cambiándose cada poco tiempo las reglas de juego, por lo que quizá hubiera sido más oportuna una simple modificación de la actual ley 6/98. Además, algunas de las materias que regula pueden estar viciadas de inconstitucionalidad, al invadir las competencias de las comunidades autónomas.

 
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